El polémico tren directo Valencia-Madrid continua siendo objeto de conflictos entre las autoridades valencianas y el Gobierno. La suspensión de las Cortes sin discutir el último Proyecto de Ley, en julio, ha traído un fuerte movimiento en contra del Gobierno. Los senadores conservadores han abandonado la cámara mientras los intereses de Valencia sigan postergados. La decisión le ha sido comunicada por carta al presidente del Consejo de ministros, Eduardo Dato.

El alcalde, Francisco Maestre, y el presidente de la Diputación, José Martínez Aloy, también dimitían. La presión política llevaba a que el 23 de noviembre el Congreso aprobara, sin oposición, una fórmula de transacción para ejecutar el proyecto del camino más rápido y corto. También se ha acordado el ancho de vía normal y su inclusión en el plan general de ferrocarriles.

Este acuerdo y las promesas de Dato convencían a los representantes valencianos y volvían a sus cargos. La Junta Magna del ferrocarril ha pedido que la línea tenga destino directo al puerto de Valencia. Es este un asunto que han de estudiar Congreso y Senado. También se demandaba el auxilio en la construcción de esta línea en igual forma y cantidad que el trayecto Noguera-Pallaresa.

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