Aprobado en diciembre de 1931, en enero se aplicó el decreto de expulsión de los Jesuitas y la incautación de sus edificios. El Gobierno se incautó del Colegio de San José y de otros centros. Los alumnos dejaron el centro, ya que los profesores fueron sustituidos por catedráticos auxiliares del Instituto. El 15 de febrero el Gobernador civil, según instrucciones de Madrid, procedió a la incautación de los edificios de la Compañía de Jesús. En septiembre, el Ayuntamiento de Alcira ordenó a los Padres Escolapios que dirigían el colegio, el desalojo. El Consistorio alegaba que era de propiedad municipal y que necesitaba el edificio para instalar servicios.

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