Las Cortes han aprobado este año la nueva Ley de Aguas, que entra en vigor el 1 de enero de 1986. y que declara todas las aguas como públicas. Las superficiales ya lo eran con la anterior ley del siglo pasado, pero esta incluye las subterráneas, que hasta el momento eran de quienes las afloraban. La nacionalización de las aguas fue polémica en la Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias, donde la utilización masiva de las aguas subterráneas tiene mucha importancia para el desarrollo de los cultivos. El texto legal levantó las airadas protestas de los propietarios de los pozos y las sociedades de regantes, que durante muchos años habían invertido para la extracción del agua y la reconversión de tierras de secano en regadío.

Por su parte, el grupo parlamentario popular presentó un recurso de inconstitucionalidad por entender que la ley supone la expropiación de las aguas subterráneas sin que se abone ninguna clase de indemnización. El argumento contrario apunta la necesidad de disponer de instrumentos legales para ordenar el uso de un bien, como el agua, cada vez más escaso y caro. Al tiempo se pretende evitar las sobreexplotaciones de acuíferos que reportarían perjuicios a los demás.

La ley señala que los pozos existentes podrán pedir su legislación, o seguir como ahora. En este caso no estarán protegidos si otras perforaciones registradas les mermen el caudal. Los que se inscriban tendrán concesión de explotación de 50 años, renovable. En la Comunidad Valenciana el problema es el de los posibles retrasos burocráticos al solicitar la perforación de un nuevo pozo. Ahora se hace rápidamente por parte de los agricultores, para no arriesgar las cosechas por falta de riego.