El año empezó con la firma de la constitución de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que sustituyó a la SALTUV. Es la primera gran empresa municipal valenciana, con 1.200 trabajadores y con déficits anuales de casi un millón de pesetas por empleado.

A la EMT le siguieron otras. Grumsa, la nueva empresa municipal de grúas, cuya primera medida fue pintar de rojo sus coches. Actuaciones Urbanísticas Municipales (Aumsa), dedicada a la compraventa de suelo, se creó para sacar adelante el proyecto de prolongación de la Alameda. Fervasa, recicladora de basuras, y la depuradora de Pinedo, también fueron municipalizadas. En definitiva, se apuesta por la empresa privada, de capital y dirección públicas, donde los trabajadores ya no son funcionarios.

A los tres meses de su creación, la EMT empezó en Fallas un calendario de huelgas que convulsionó la ciudad y desestabilizó la política del Ayuntamiento de Valencia. Fue una huelga muy dura. Se terminó el 4 de julio, tras once días de paros, con el acuerdo al que llegaron el alcalde, Ricard Pérez Casado, y el comité de EMT. Las negociaciones del convenio colectivo, válido para los dos próximos años habían empezado cuatro meses atrás. A las siete de la mañana, el alcalde comprobó en persona la salida de los autobuses desde las cocheras de la avenida del Puerto.

El 30 de junio, el Ayuntamiento llegó a contratar 97 autobuses privados, que eran gratuitos, y funcionaban al terminar los servicios mínimos de la EMT. La reconversión estipula el paso de 136 trabajadores que se consideran excedentes, de la EMT al Ayuntamiento. Se les dan todas las garantías salariales, pero propone unas horas mínimas y máximas para ahorrar el pago de extras. Sin duda, 230.000 viajeros del autobús agradecieron el acuerdo.