En agosto, el ministro de Agricultura, Carlos Romero, firmó un decreto por el que Castilla-La Mancha convertirá en regadío 68.000 hectáreas en Cuenca y Albacete. Al ser un perjuicio para la Comunidad Valenciana, el Consell decidió recurrirlo. Además, la iniciativa popular recogió firmas contra el decreto. En noviembre, los arroceros colapsaron la ciudad con sus tractores por la falta de ayuda. Por su parte, la apertura del Este europeo ha sido aprovechada por los valencianos que exportaron cítricos a la URSS.

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