Dieciocho chalés construídos en la playa de Chilches (Castellón), entre los años 1957 y 1958, fueron derribados el 1 de febrero por las excavadoras de la Dirección General de Costas. En 1982, el MOPU advirtió que dichas edificaciones se encontraban dentro del ámbito de la zona marítimo-terrestre, que es de titularidad pública, por lo que debían ser derruídas.

Entonces, se inició un largo pleito entre el MOPU y los propietarios, perdiendo estos. De momento sólo se ha salvado de la demolicion la casa de un senador socialista. Este se había retirado del pleito, y en diciembre del año 1988, y a título personal, obtuvo el permiso de edificación por el Ministerio. Mientras, el MOPU envió cien guardias civiles a Chilches para vigilar los trabajos de desescombro.

Días después, el 21 de febrero, las Cortes anunciaron que pedirían al Gobierno que suspendiera la aplicación de la Ley de Costas. Por contra, al día siguiente el MOPU dijo que no habrá indemnización. El día 24 el MOPU dijo que derribará parte del Hotel Sicania, en Cullera y 29 casas de Almenara. Entre los próximos derribos: Puzol, El Puig, Sueca, Cullera, Gandía, Jaraco, Miramar y Oliva. Mientras, la Jefatura de Costas comunicó la no demolición de 350 apartamentos en la playa de El Perellonet.

El PP, contra la Ley de Costas

En marzo, el Partido Popular inició una intensa campaña contra la Ley de Costas. Varias Comunidades Autónomas plantearon un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicho texto legal. Por su parte, el Tribunal Constitucional puede tardar unos dos años en resolver el recurso.

A finales del mes de agosto y siempre según la Ley de Costas, se supo que a las casas situadas a menos de veinte metros del mar les espera la pérdida de propiedad o la demolición.