Fue en marzo cuando el hospital privado Casa de la Salud hizo pública una escueta nota anunciando que había prohibido la entrada a sus instalaciones al anestesista Juan Maeso. Este pequeño comunicado escondía lo que después se convirtió en el gran asunto sanitario y judicial del año. LAS PROVINCIAS consiguió tener de forma casi instantánea una entrevista con aquel médico tan extrañamente apartado del servicio.

A partir del 23 de marzo, el caso fue tomando cuerpo y aumentaron vertiginosamente las denuncias, que a final de año eran 516. El juez de instrucción número 5, José Manuel Ortega, abrió diligencias por un presunto delito de lesiones.

Juan Maeso, de 56 años, trabajaba hace 28 en La Fe y 10 en La Salud como anestesista, tiempo en el que asistió a más de 20.000 operaciones. Antes, trabajó diez años en el Hospital Militar con el grado de teniente, como oficial de complemento. Al principio, confesó a LAS PROVINCIAS que sufría una hepatitis no A, no B (así se conocía entonces a la C), pero después se presentó ante el juez y la opinión pública como una víctima más del presunto foco de contagio.

Además, muchos de sus compañeros de trabajo confirmaron que Maeso arrastró hasta su cese una drogadicción (dependencia de los opiáceos, en concreto de la Dolantina), de al menos nueve años. El 4 de junio fue a declarar y respondió a las preguntas de treinta abogados. No admitió responsabilidades e intentó explicar el contagio de hepatitis C aludiendo a otras vías de contagio. Le dijo al juez que la hepatitis C y el SIDA podían contagiarse a través de secreciones, lágrimas y saliva. Ese día el juez decretó la libertad sin fianza para Maeso.

Este caso también alcanzó al conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, a quien el juez imputó, el 28 de octubre, como presunto autor de un delito de revelación de secretos, al informar a la opinión pública del informe epidemiológico realizado por Sanidad, y que tranquilizó a la población. El 21 de diciembre, el TSJ consideró que Farnós hizo lo que debía y archivó la causa.